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Auditoria aponta irregularidades em vitória de Morales na Bolívia

Auditoria oficial descreveu as eleições como “nulidade viciada”. Oposição exige novas eleições.

A empresa contratada pelo Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) entregou, nesta sexta-feira (9), um relatório afirmando que não pode “atestar a integridade dos resultados” das eleições presidenciais de 20 de outubro na Bolívia.

De acordo com a auditoria, o processo eleitoral boliviano foi “viciado pela nulidade”. 

Esta foi a conclusão esmagadora do relatório final da empresa Ethical Hacking, contratada pelo TSE um mês antes das eleições presidenciais para fazer uma auditoria do sistema de Transmissão Preliminar de Resultados Eleitorais (TREP). Já a auditoria do cálculo final foi feita pela empresa Neotec.

“Não podemos atestar a integridade dos resultados eleitorais, porque todo o processo está viciado em nulidade devido à quantidade de alterações no código fonte do TREP, ao elevado número de acessos e modificações manuais com o máximo de privilégios às bases de dados  durante o processo eleitoral e às inconsistências do software que estavam surgindo no TREP e no sistema de computadores ”, concluiu a auditoria.

Assim que o relatório foi divulgado, os candidatos à Presidência e à Vice-Presidência da Comunidade do Cidadão, Carlos Mesa e Gustavo Pedraza, enviaram uma carta ao Vice-Presidente Álvaro García Linera para que, na qualidade de presidente da Assembleia Legislativa Plurinacional, emita uma lei de emergência que nomeie novos vogais eleitorais entre cidadãos notáveis ​​e pedem uma nova votação.

Abaixo você pode conferir a carta (em espanhol) enviada por Carlos Mesa pedindo a realização de novas eleições.

La Paz, 8 de noviembre de 2019

Señor

Álvaro García Linera

Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia

Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional

Presente.-

Ref: Necesidad de una Ley de Emergencia sobre

Reorganización del Órgano Electoral Plurinacional.

De mi consideración:

Como consecuencia de la manipulación de las elecciones generales del pasado 20 de octubre, evidenciada por la habilitación inconstitucional de la candidatura presidencial de Evo Morales Ayma y de su candidatura vicepresidencial, a pesar de la prohibición constitucional de segunda reelección del artículo 168 de la Constitución y de los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, y por el fraude consumado para evitar la realización de la segunda vuelta electoral y escamotear la representación parlamentaria de la Alianza Comunidad Ciudadana, el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales han perdido totalmente la confianza y el respeto del pueblo y han llevado al país a un estado de crisis, violencia y convulsión social.

Existen hechos concretos que demuestran estas afirmaciones. A lo largo de las últimas semanas se han hecho públicas investigaciones y evidencias muy claras del fraude. Pero, sin duda, la prueba más reveladora de lo afirmado es el informe de auditoría contratado por

el Tribunal Supremo Electoral, a cargo de la consultora Ethical Hacking que en su conclusión final indica: “Es por todo esto y en honor a la verdad que después de todos los hechos expuestos en este documento y en todos los reportes técnicos que fueron presentados durante la ejecución de nuestro trabajo que no podemos dar fe de la integridade de los resultados electorales ya que todo el proceso está viciado de nulidad por la cantidad de alteraciones al código fuente del TREP, la cantidad de accesos y modificaciones de forma manual y con máximos privilegios a las bases de datos y las inconsistencias que fueron apareciendo entre TREP y Sistema de Cómputo durante el proceso electoral”,

documento firmado por Álvaro X. Andrade Sejas, CEO EHC Group, que fue entregado al

TSE el 6 de noviembre de 2019.

Añadimos además los hechos más destacados cronológicamente del citado fraude:

1. Renuncia de la entonces Presidenta del TSE Katia Uriona producto de pressiones insostenibles a las que fue sometida.

2. Habilitación inconstitucional por el TSE de la candidatura presidencial de Evo Morales y de su candidatura vicepresidencial.

3. Renuncia de la Vocal del TSE Dunia Sandoval por su disidencia en esta habilitación inconstitucional.

4. Desmantelamiento del equipo técnico informático del TSE.

5. Manipulación e incumplimiento de las reglas sobre las elecciones primarias con relación a los binomios constituidos.

6. Autorización de propaganda ilegal en beneficio del binomio oficialista.

7. Decisión arbitraria, sin ninguna justificación técnica, de suspender por 24 horas la Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP), con inversión inexplicable de las tendencias cuando se reanudó dicha transmisión.

8. Los Informes preliminar y definitivo de la Misión de Observación Electoral de la OEA que evidencia la violación de principios básicos esenciales para la transparencia de este proceso electoral, y un cambio repentino e inexplicable de la tendencia irreversible hacia una segunda vuelta, cuando se reanudó la transmisión rápida de resultados del TREP después de 24 horas en las que quedó arbitrariamente interrumpido. Ambos informes fueron respaldados por la Unión Europea y varios países amigos.

9. La renuncia del Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas por la desatinada decisión de la sala plena del organismo electoral de suspender la publicación de los resultados del TREP, lo que en palabras de dicho Vocal provocó el descrédito del proceso electoral.

10. La renuncia de la Presidenta del Tribunal Electoral de Santa Cruz, de una Vocal del Tribunal Electoral de Chuquisaca, y de algunos funcionarios de Tribunales Electorales Departamentales.

11. El pedido de su gobierno a la OEA para que realice una auditoría sobre este proceso

electoral.

Por estas razones, al haberse convertido el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) en el factor determinante de la convulsión y violencia social, con grave daño para la paz y concordia entre los bolivianos, y en el mayor riesgo para la preservación de la democracia en el país, requiero a su autoridad que pida a la Asamblea Legislativa Plurinacional um proyecto de Ley de Emergencia para la Reorganización del Órgano Electoral Plurinacional que:

A) Declare vacantes todos los cargos de Vocales titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Electorales Departamentales y su reemplazo, inmediato, por ciudadanos notables que garanticen la absoluta independencia e imparcialidad en la administración de los procesos electorales y la mejor capacidade y trayectoria profesional y personal de los mismos.

B) Establezca las bases de un acuerdo estratégico entre el Estado y la sociedad civil organizada y movilizada, para garantizar la transparencia de estas designaciones, con obligación de todos los órganos del Estado, que tienen diferentes competências y atribuciones en la designación de los nuevos vocales, de sujetarse a los mecanismos establecidos en esta ley.

C) Establezca un nuevo calendario electoral para llevar a cabo una nueva elección dentro de los plazos constitucionales para que en ningún caso se exceda o prolongue el vencimiento del actual periodo de gobierno, que concluye el 22 de enero de 2020..

Dado el estado crítico para la paz y los derechos humanos que atraviesa el país, requiera a la Asamblea Legislativa Plurinacional el tratamiento inmediato y urgente de esta ley.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Carlos Diego de Mesa Gisbert

CANDIDATO A LA PRESIDENCIA

cc: Evo Morales Ayma – Presidente del Estado

Os pontos de vista expressos neste artigo são as opiniões do autor e não refletem necessariamente a posição da RENOVA Mídia.

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